PHOENIX - Una jueza anuló este lunes las disposiciones que los legisladores republicanos incluyeron en el presupuesto de Arizona que impiden que las escuelas requieran mascarillas y restringen el poder de los gobiernos locales para imponer los requisitos del COVID-19.
El fallo de la jueza de la Corte Superior del condado Maricopa, Katherine Cooper, podría allanar el camino para que las ciudades y los condados promulguen los requisitos de las mascarillas. También dictaminó que la medida presupuestaria que sirvió como una lista de deseos de políticas conservadoras era inconstitucional.
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Cooper dijo que las disposiciones violan el requisito de que el contenido de la legislación se describa en su título y se limite a un solo tema. Los abogados estatales argumentaron que todos tenían algo que ver con el gasto en educación y salud y que la Legislatura no necesitaba ser más específica.
"Eso no es correcto", escribió Cooper. "La Legislatura tiene la facultad discrecional de titular un proyecto de ley pero, habiendo elegido un título, debe limitar el contenido a medidas que se relacionen razonablemente con el título y entre sí para formar un tema general".
COALICIÓN DE MAESTROS DEMANDÓ LAS LEYES DE ARIZONA
La demanda presentada por una coalición de educadores y aliados desafió las leyes de Arizona que prohíben que los distritos escolares públicos impongan requisitos de mascarillas, que las universidades exijan vacunas para los estudiantes y que las comunidades establezcan pasaportes de vacunas para ingresar a grandes eventos, negocios y otros lugares.
La coalición argumentó que una gran cantidad de niños de Arizona se enfermarán de COVID-19 si no se bloquea la nueva ley.
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De todos modos, al menos 29 distritos escolares públicos en Arizona han promulgado sus propios requisitos de cubrebocas. Los distritos cuentan con más de 334,000 estudiantes y casi 500 escuelas. La ley que prohíbe los mandatos de tapabocas en las escuelas públicas estaba programada para entrar en vigencia el miércoles, al igual que el resto de los proyectos de ley presupuestarios.
Un portavoz del gobernador republicano Doug Ducey, que firmó las medidas como ley, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo. Es probable que haya una apelación.
FALLO PUDIERA TENER REPERCUSIONES PARA LA LEGISLATURA
Las restricciones se escribieron en proyectos de ley de presupuesto que se aprobaron cerca del final de la sesión legislativa con solo el apoyo de la mayoría republicana.
El fallo tiene ramificaciones de gran alcance para la Legislatura, que durante mucho tiempo ha ignorado el requisito constitucional de que los proyectos de ley de presupuesto solo se ocupan de los gastos. En cambio, han empacado con ellos elementos de política, y este año los republicanos que controlan la Legislatura fueron especialmente agresivos.
OTRAS LEYES REVOCADAS POR EL FALLO JUDICIAL
Los opositores también le pidieron al juez que revocara otras leyes no relacionadas con los esfuerzos de prevención del COVID-19, lo que ella hizo.
Uno prohíbe el uso de dinero estatal para enseñar teoría crítica de la raza, una forma de pensar sobre la historia de Estados Unidos que se centra en la idea de que el racismo es sistémico en las instituciones de la nación y que funcionan para mantener el dominio de los blancos en la sociedad.
La jueza señaló la regla de un solo sujeto para revocar SB1898, el proyecto de ley lleno de deseos de política republicana. Incluía lo que ella llamó "múltiples temas no relacionados" como las carreras de perros, los poderes de emergencia del gobernador, las medidas locales de COVID-19 y mucho más.
"Ninguno de estos temas tiene ninguna conexión lógica entre sí ni 'cae bajo una idea general'", escribió Cooper.
Otras partes de esa ley que la juez bloqueó habrían despojado al secretario de estado demócrata de la obligación de defender las leyes electorales estatales, habrían permitido que el Departamento de Caza y Pesca del estado registrara votantes y habrían establecido un comité legislativo especial para revisar los resultados de la auditoría partidista del Senado estatal de las elecciones de 2020.
El estado, que fue demandado como parte de la impugnación legal, argumentó que la forma en que se redactaron las leyes en cuestión y su contenido son preguntas para los legisladores, no para los tribunales.
Un abogado que representa al estado dijo que la Constitución no requiere que los legisladores especifiquen cada elemento que incluyen en los llamados proyectos de ley de conciliación presupuestaria que dirigen el gasto y que un fallo que acuerde que la Legislatura violó la Constitución podría cambiar años de medidas presupuestarias que agregaron elementos de política no relacionados.
