Arizona

“Chocan” ciudad de Tucson y gobierno estatal por regulación en venta y uso de armas

Telemundo

TUCSON- Las autoridades en Tucson planean ignorar una nueva ley de “Santuario de la Segunda Enmienda” firmada a principios de este año que prohíbe el uso de cualquier recurso estatal o local para hacer cumplir las leyes federales de armas que entran en conflicto con la ley estatal.

La medida de la alcaldesa demócrata Regina Romero y el Concejo Municipal nuevamente pone a la ciudad y al estado en desacuerdo sobre cómo regular la venta y el uso de armas.

Lo que debes saber

  • La resolución aprobada por unanimidad por el concilio proclama que "las leyes, órdenes y actos federales que regulan las armas de fuego de manera consistente con los requisitos de la Constitución de los Estados Unidos" permanecerán "en pleno vigor y efecto" dentro de los límites de la ciudad "independientemente de si esas leyes, órdenes o actos son más restrictivos o prohibitivos que las regulaciones establecidas bajo las leyes de este estado”.
  • Conocida como la Ley de Libertad de Armas de Fuego de la Segunda Enmienda, la ley dice que el estado de Arizona no está obligado a respetar las leyes federales sobre armas.
  • Las estadísticas federales muestran que Arizona tiene la decimoquinta tasa de mortalidad relacionada con armas de fuego y obtuvo una calificación de "F" del Centro de Leyes de Giffords para prevenir la violencia con armas de fuego.
Autoridades policiales de Tucson se encuentran en alertas ante el incremento en el número de homicidios en la ciudad, aumento para el cual aún no encuentran una razón pero de acuerdo con la policía de Tucson, en la mayoría de los casos el factor comunión es que los crímenes se cometieron con armas de fuego.

La ciudad ha tratado durante mucho tiempo de hacer cumplir las leyes de armas más estrictas que las del estado, incluida la obligación de verificar los antecedentes de las armas compradas en propiedades de la ciudad y la destrucción de armas de fuego incautadas. A lo largo de los años, esas medidas fueron impugnadas después de que la Legislatura controlada por los republicanos promulgó leyes que prohibían las acciones.

La medida se produce luego que el presidente Biden anunciara más control tras los reciente hechos violentos en el país.

La nueva acción se produjo después de que el gobernador republicano Doug Ducey firmara un proyecto de ley en abril declarando que Arizona es un llamado santuario de la Segunda Enmienda. La iniciativa fue en parte una respuesta a la elección del presidente demócrata Joe Biden, quien prometió promulgar regulaciones más estrictas sobre armas de fuego.

ESTADOS “SANTUARIOS” EN EL USO Y REGULACIÓN DE ARMAS

Según AP, un movimiento creciente de al menos 1,200 gobiernos locales se han declarado santuarios aislados de las leyes estatales y federales sobre armas desde 2018, cuando tiroteos masivos de alto perfil provocaron pedidos de regulaciones más estrictas.

Arizona junto a otras legislaturas, incluidas las de Kentucky, Tennessee y Wisconsin, se lanzaron a esta iniciativa cuando Biden asumió el cargo. Durante su campaña, Biden se comprometió a promulgar verificaciones de antecedentes universales y una prohibición de armas de asalto, entre otras medidas. Biden obtuvo calificaciones "F" de la Asociación Nacional del Rifle mientras estaba en el Congreso.

Una mujer de Phoenix enfrenta cargos por dispararle a dos sujetos que robaban una tienda de herramientas. La bala que disparó le pego al empleado de la tienda y no a los presuntos ladrones. Melissa Aguilar tiene los detalles.

Cuando Ducey promulgó la HB 2111, lo describió como un esfuerzo para proteger "un derecho enumerado" y que "era una ley proactiva para lo que es posible que surja de la administración de Biden".

Charles Heller, coordinador de comunicaciones del grupo de derechos de armas de la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Arizona, dijo que no cree que la resolución de la ciudad haga algo para cambiar la ley estatal.

La resolución de Tucson señala que "la Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado explícitamente la idea de que los estados pueden anular la ley federal".

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