LIMA, Perú - Fiscales y policías se retiraron el sábado del palacio presidencial de Perú tras allanarlo por varias horas luego que la víspera forzaron la puerta de la casa de la presidenta Dina Boluarte en otra zona de Lima en una investigación preliminar por presunto enriquecimiento y omisión de declarar en agravio del Estado.
Es la primera vez en la historia de Perú que los fiscales ingresan por la fuerza al domicilio de un presidente en ejercicio, en un país acostumbrado a que la justicia ordene registros en casas de exmandatarios o dicte prisión preventiva para expresidentes investigados por presunta corrupción.
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Los allanamientos al palacio presidencial sí han ocurrido antes.
Los investigadores de la diligencia iniciada por la fiscalía general no declararon tras permanecer por horas en el palacio.
Cerca de la medianoche del viernes, un policía rompió la cerradura de la puerta de la casa de Boluarte con una maza luego que no se abrió la puerta para iniciar un primer allanamiento.
La redada buscaba incautar tres relojes de lujo marca Rolex usados por Boluarte que se han convertido en el nuevo dolor de cabeza de la mandataria quien tras dos semanas de una denuncia periodística que evidenció el uso de los relojes de lujo no ha explicado cómo llegaron a su muñeca derecha.
La mandataria se ha mantenido en silencio y no ha sido vista por la prensa.
El primer ministro Gustavo Adrianzén afirmó a periodistas que consideraba “ilegal e inconstitucional” el allanamiento y añadió que junto a los ministros estaban seguros “que de manera definitiva no existe ningún tipo de responsabilidad” de la mandataria en las diligencias a las que está sometida.
El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, comentó a la radio local RPP que no se halló relojes en la casa de la mandataria, pero que sí se hallaron “unos 10” relojes “bonitos” en el palacio presidencial donde la policía incluso revisó debajo de “las alfombras”.
No dijo cuántos de esos relojes hallados eran marca Rolex, pero añadió que la policía tomó fotos a los artículos de lujo. El abogado aseguró que la mandataria declarará a la fiscalía el próximo viernes 5 de abril.
En una inusual entrevista durante la madrugada, el primer ministro dijo a la radio RPP que Boluarte estaba en la residencia del palacio presidencial y añadió que lo ocurrido no era “grave”, que se estaba generando “una tormenta donde no la hay” y añadió que el trabajo de la fiscalía estaca causando "un ruido político que afecta a las inversiones".
Adrianzén afirmó, sin aportar pruebas, que existe una "intencionalidad desestabilizadora" para golpear a la mandataria dirigida por los que “manejan el crimen organizado” y quienes hace 14 meses exigieron su destitución en protestas que dejaron 49 civiles muertos en confrontaciones con las fuerzas de seguridad. La pesquisa contra Boluarte “en cualquier otro lugar, no sería más que una anécdota”, agregó.
El fiscal general, Juan Villena, quien dirige las investigaciones preliminares, dijo el martes que Boluarte mostraba “un claro indicador de rebeldía” en una respuesta escrita a su defensa, que buscaba postergar dos semanas la exhibición y declaraciones de la presidenta por su "recargada agenda". The Associated Press obtuvo una copia de la respuesta del fiscal general.
La actitud de Boluarte contradice sus promesas de la semana pasada, cuando para evitar las preguntas dijo a la prensa que se iba a presentar ante los fiscales para decir “la verdad”. La mandataria está envuelta en una crisis política desde hace dos semanas por no explicar cómo llegaron a su muñeca derecha los Rolex que ha exhibido en actividades públicas.
Al inicio, dijo que al menos uno de los relojes era “de antaño”, “fruto” de su “esfuerzo” desde los 18 años, y pidió a la prensa “no entrar en temas personales”. Sus ministros indicaron que había temas más importantes e incluso Adrianzén abandonó una conferencia enfadado cuando los reporteros insistieron en si los relojes fueron comprados o eran regalos.
Si Boluarte fuera acusada por esta investigación, no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando finaliza su gestión. Pero un grupo de legisladores ya comenzó a juntar firmas la semana pasada para pedir la destitución Boluarte y ella ha respondido afirmando que no teme a las vacancias.
En su respuesta del martes, el fiscal general indicó que la conducta de Boluarte “no hace más que retardar el resultado de la investigación” y que, en su condición de alta funcionaria pública, “tiene la facultad de hacer uso de licencia por citación expresa judicial, militar o policial”.
Villena precisó que es indispensable que la presidenta, o quien ella designe, “exhiba a la brevedad los tres relojes marca Rolex materia de la presente investigación, a fin que no se generen efectos que puedan resultar irreversibles e impida contar con aquellos objetos sea por disposición indebida, pérdida, destrucción o deterioro, con lo cual pueda verse afectada la investigación”.
La investigación por el uso de los relojes de lujo empezó a mediados de marzo cuando el programa periodístico “La Encerrona” afirmó que revisó miles de fotos oficiales en una pesquisa sobre los relojes que usa la mandataria y destacó entre todos un Rolex que en Perú vale hasta 14.000 dólares. Luego, otros programas detectaron al menos dos Rolex más.
Boluarte, una abogada de 61 años, era una modesta funcionaria en una oficina de distrito del registro de identidad hasta su toma de posesión como vicepresidenta del país el 28 de julio de 2021, con el entonces presidente Pedro Castillo. Se convirtió en su ministra de Inclusión Social con un sueldo de 8.136 dólares mensuales.
Cuando el parlamento destituyó a Castillo el 7 de diciembre de 2022, Boluarte asumió la presidencia con un sueldo menor, 4.200 dólares. Poco después comenzó a exhibir los relojes de lujo. Todos los funcionarios están obligados a declarar sus bienes para evitar posibles casos de enriquecimiento ilícito, y las declaraciones de bienes de Boluarte no consignan ningún Rolex.
Varios de los presidentes que rigieron el país las dos últimas décadas están salpicados por casos de corrupción: Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022) están en prisión provisional mientras son investigados; Ollanta Humala (2011-2016) enfrenta un juicio en el que la fiscalía pide 20 años de cárcel por lavado de activos; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) no puede salir del país tras haber cumplido arresto domiciliario y su sucesor, Martín Vizcarra (2018-2020), cuya vivienda fue registrada recientemente de madrugada, también está investigado por presunta corrupción.
El caso más trágico fue el de Alan García (2006-2011), quien se suicidó en su dormitorio disparándose en la cabeza en 2019, minutos antes que la policía lo detuviese de forma preliminar por 10 días. El allanamiento en la casa del exmandatario ocurrió el viernes 17 de abril, durante la Semana Santa.
No es el único caso pendiente con la justicia de la presidenta, cuya popularidad en febrero era de apenas un 8%, según la firma Ipsos Perú. La fiscalía la denunció en noviembre ante el Congreso por homicidio calificado y lesiones graves en relación con los 49 fallecidos en los choques contra las fuerzas de seguridad durante las protestas que exigían su renuncia.
