El gobierno de Enrique Peña Nieto firmó el lunes un acuerdo, en el marco de la crisis creada por el llamado "gasolinazo", que revive los pactos económicos que iniciaron en 1987 para compensar las dificultades económicas que entonces enfrentó el país.
Tras años de contención y una etapa de estabilidad, a finales del 2016 el sorpresivo aumento de alrededor de 20% en los precios de los combustibles -conocido como "gasolinazo"- no sólo detonó la indignación de los mexicanos, sino que sacó a la luz la fragilidad de la economía del país.
De ahí que en una medida inusitada que recuerda 30 años atrás, Peña Nieto citó a todo su equipo y los sectores productivos del país -sindicatos, empresarios y agroproductores- a firmar el lunes en Los Pinos el "Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía Familiar".
Pero a diferencia de entonces, la Confederación Patronal de la República Mexicana decidió no sumarse al plan anunciado para mitigar los efectos del alza de las gasolinas.
Según directivos de Coparmex, su decisión de basa en que la actual situación del país exige un amplio acuerdo y consenso de todos los sectores sociales, que no se construye en solo tres días, como ocurrió con el acuerdo firmado el lunes.
El año 2017 llega con grandes desafíos, dijo Peña Nieto, ya que el aumento en el precio de las gasolinas es apenas el primero de ellos, pero el país los podrá enfrentar con la participación de todos los sectores
"No hacerlo así sólo nos llevará a poner en riesgo la condición de estabilidad que hemos logrado construir en los últimos años y eso es lo más valioso que hoy tenemos los mexicanos", afirmó.
México
Se trata de mantener las condiciones de estabilidad económica, que -según el mandatario- permiten que se genere empleo en el país, que haya una inflación baja y una recuperación gradual en el poder adquisitivo de las familias mexicanas
Según el acuerdo, el gobierno mexicano se propone mejorar las condiciones de crédito a través de la Banca de Desarrollo e impulsar la inversión y el empleo en el país a través del Fondo Nacional de Infraestructura.
También contempla estímulos y simplificación de procesos que fomenten la inversión; e impulsar un decreto que fomente la repatriación de capitales en el extranjero.
A su vez, el sector empresarial se comprometería a no subir de forma indiscriminada los precios de los productos por el llamado "gasolinazo", además de modernizar el transporte público y fomentar la inclusión laboral de los grupos vulnerables.
