A pesar de que el gobernador Doug Ducey firmo una ley estatal que entra en vigor a finales de mes, la cual prohíbe exigir vacunas contra COVID-19, autoridades de la ciudad de Tucson omitieron esta orden asegurando que tenían argumentos legales suficientes para implementar esta medida, por lo que podrían enfrentar consecuencias adversas por hacer de la vacuna algo obligatorio para los empleados del municipio, así lo afirmó hoy el procuradora general Mark Brnovich…
TUCSON - El fiscal general Mark Brnovich dijo este martes que Tucson enfrenta la pérdida de millones de dólares en fondos estatales a menos que rescinda o enmiende la ordenanza que exige vacunas COVID-19 para empleados públicos.
Brnovich anunció que su oficina ha determinado que viola la ley estatal y está en conflicto directo con la Orden Ejecutiva 2021-18 del gobernador Doug Ducey.
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"El mandato de vacunación de Tucson es ilegal y la ciudad podría ser considerada responsable por intentar obligar a los empleados del gobierno a tomarla en contra de sus creencias", dijo Brnovich.
El gobernador emitió la Orden Ejecutiva 2021-18 en agosto. La Oficina del fiscal general informó que los empleados públicos de Tucson pueden confiar de buena fe en la orden ejecutiva 2021-18 y la ley estatal para rechazar el mandato de la vacuna COVID-19 de la ciudad.
Si la ciudad no rescinde su política dentro de los próximos 30 días, la fiscalía dijo que el Tesorero del Estado de Arizona retendrá la parte de los ingresos compartidos por el estado de la ciudad hasta que la ciudad cumpla.
La ordenanza de Tucson requiere que los empleados reciban la vacuna COVID-19 o enfrentan una suspensión de cinco días sin pago.
