PHOENIX- Un juez ordenó bloquear permanentemente un impuesto para los residentes de Arizona con altos ingresos que sería usado para financiar el gasto en educación, el cual fue aprobado por los votantes en 2020 y había sido bloqueado hace meses en un fallo de la Corte Suprema estatal.
El fallo del juez de la Corte Superior del condado de Maricopa, John Hannah, era ampliamente esperado después de que la Corte Suprema dictaminó en agosto que el impuesto era inconstitucional si ponía a las escuelas por encima del límite legal de gastos.
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Los partidarios de la Proposición 208 y los opositores republicanos, incluidos el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente del Senado, acordaron en enero que era casi seguro que los nuevos ingresos del impuesto a los ricos llevarían el gasto por encima de ese umbral.
El fallo se produce después de años de esfuerzos de los defensores de la educación para impulsar el gasto escolar en el estado. Arizona tiene algunos de los salarios de maestros y gastos por estudiante más bajos de la nación, incluso después de que la Legislatura controlada por los republicanos y el gobernador republicano Doug Ducey aumentaran el gasto en más de $ 1,000 millones al año desde 2018.
El límite constitucional para el gasto escolar aprobado por los votantes en 1980 ha sido un tema importante en esta sesión legislativa, y la Cámara y el Senado renunciaron a sus disposiciones para este año presupuestario el mes pasado.
Las escuelas iban a llegar a su límite para el 1o de marzo y se habrían visto obligadas a promulgar importantes recortes de gastos porque no habrían podido gastar legalmente más de $1,000 millones que la Legislatura ya asignó para el año escolar actual.
Los legisladores pueden votar para aumentar el límite constitucional de gastos año tras año.
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Se esperaba que la iniciativa recaudara alrededor de $800 millones al año para la educación K-12 y eludió el límite llamando al dinero "subvenciones".
Los legisladores republicanos y Ducey reaccionaron el año pasado al promulgar una nueva categoría de impuestos que eximiría los ingresos de las pequeñas empresas que ahora gravan las declaraciones personales del impuesto de la Proposición 208, recortando alrededor de $292 millones de los ingresos fiscales que las escuelas obtendrían con la iniciativa.
Los legisladores también crearon una manera para que aquellos contribuyentes que aún se ven afectados por el impuesto adicional no lo paguen directamente al rellenar la mayor parte del dinero prometido de la Proposición 208 con efectivo del fondo general.
