PHOENIX- La ciudad de Phoenix acudirá a los tribunales este lunes para demostrar que cumplió con el plazo para desalojar un gran campamento de personas sin hogar, una acción que ha provocado el rechazo de los defensores de los derechos civiles.
Como parte de una demanda civil, los funcionarios de la ciudad tendrán un juicio de tres días para demostrar que cumplieron con la orden de un juez y limpiaron el área conocida como "La Zona".
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El juez de la corte superior del condado de Maricopa, Scott Blaney, expuso los argumentos de los dueños de negocios y los residentes en junio. Además, declaró que el campamento de personas sin hogar en Phoenix era una molestia pública.
También indicó que, si bien la ciudad estaba siguiendo una ley contra la criminalización de los campamentos públicos, impuso arbitrariamente otras a pesar de los riesgos para la salud y la seguridad. Los demandantes describieron tener que presenciar actividades de drogas, actos lascivos y otras actividades delictivas frente a su puerta oa pasos de su propiedad.
Al igual que otras ciudades importantes, Phoenix ha tenido que equilibrar las preocupaciones de los empleadores y los propietarios de viviendas con el respeto de los derechos de las personas sin hogar.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó en 2019 que las personas sin hogar no pueden ser criminalizadas por dormir al aire libre si no existen alternativas.
Esta demanda civil es una de las dos que enfrenta Phoenix.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Arizona argumentó en una demanda federal que la ciudad está violando los derechos constitucionales de las personas sin hogar al despejar lentamente el área.
Sin embargo, el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., G. Murray Snow, rechazó la solicitud de la ACLU en mayo de declarar a Phoenix en desacato a un fallo que emitió en diciembre. Snow dijo que no prohibiría a la ciudad realizar más limpiezas en el sitio del campamento en espera de otra audiencia.
En el fallo de diciembre, Snow ordenó a la ciudad que se abstuviera de hacer cumplir las prohibiciones de acampar y dormir contra las personas que no pueden obtener refugio, ni sus propiedades pueden ser incautadas.
