Arizona

Hobbs firma una orden ejecutiva que protege la libertad reproductiva en Arizona

Arizona pide a Corte Suprema permitir la prohibición de algunos abortos
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PHOENIX- La gobernadora Katie Hobbs firmo en enero de 2023 una orden ejecutiva que impide que los arizoneneses sean procesados por delitos relacionados con el aborto.

La orden ejecutiva, según la oficina de la gobernadora Hobbs aplica a mujeres, médicos y cualquier persona que ayude a una mujer a obtener un aborto.

La oficina de la gobernadora precisó que la declaración se produce después de que proveedores y defensores de la atención médica expresaran incertidumbre sobre la protección de los arizonenses que ayudan a las mujeres a abortar.

 “Mientras los arizonenses continúan lidiando con esta nueva realidad, quiero ser muy claro: mi Orden Ejecutiva brinda protección a cualquier persona involucrada en la búsqueda de servicios de aborto”, añadió Hobbs en un comunicado.

A continuación, las disposiciones de la Orden Ejecutiva:

  • Autoridad sobre los procesamientos relacionados con el aborto: la gobernadora Hobbs está utilizando su autoridad ejecutiva para ordenar a la fiscal general Kris Mayes que asuma todas las funciones sobre los procesamientos relacionados con el aborto.
  • Restricciones a la asistencia en investigaciones: la Gobernadora Hobbs está usando su autoridad para ordenar a las agencias estatales que no ayuden en ninguna investigación relacionada con la provisión, asistencia, búsqueda u obtención de atención médica reproductiva que no sería punible según la ley de Arizona a menos que lo requiera una orden judicial o Arizona o ley Federal.
  • Restricciones a las extradiciones: la gobernadora Hobbs está utilizando su discreción ejecutiva para rechazar solicitudes de extradición de otros estados que buscan procesar a personas que brindan, ayudan, buscan o reciben servicios de aborto que de otro modo no serían punibles según la ley de Arizona.
  • Consejo Asesor para la Protección de la Libertad Reproductiva: la gobernadora Hobbs establece un Consejo para hacer recomendaciones que amplíen el acceso a la atención médica sexual y reproductiva en Arizona.

 La Corte Suprema de Arizona dio el martes luz verde a la utilización de una ley que no se aplica desde hace mucho tiempo y que prohíbe casi todos los abortos, lo que altera drásticamente el panorama jurídico de la interrupción del embarazo en un estado que probablemente tendrá un papel clave en las elecciones presidenciales.

La ley, previa a la creación del estado, no contempla excepciones para casos de violación o incesto, y permite el aborto únicamente si la vida de la madre está en peligro. El máximo tribunal estatal insinuó que los doctores pueden ser procesados de acuerdo con la norma de 1864, aunque la opinión firmada por la mayoría de la corte no lo menciona de forma explícita.

La decisión del martes anuló una anterior de un tribunal de menor instancia que concluía que los médicos no podían ser acusados por practicar abortos en las primeras 15 semanas de gestación.

¿QUIÉN PUEDE SER PROCESADO EN VIRTUD DE LA LEY DE 1864?

La ley ordena el procesamiento de “toda persona que proporcione, suministre o administre a una mujer embarazada, o que procure que dicha mujer tome cualquier medicamento, droga o sustancia, o utilice o emplee cualquier instrumento u otros medios, con la intención de provocar con ello un aborto espontáneo a esa mujer, a menos que sea necesario para salvar su vida”.

La Corte Suprema de Arizona insinuó en su fallo del martes que se puede procesar a los doctores, aunque los jueces no lo expresaron de forma clara.

“A la luz de este dictamen, los médicos están ahora sobre aviso de que todos los abortos, a excepción de los necesarios para salvar la vida de una mujer, son ilegales”, indicó el fallo. Los magistrados destacaron que se podrían aplicar sanciones penales y reglamentarias adicionales a los abortos practicados más allá de las 15 semanas de embarazo.

La ley contempla penas de entre dos y cinco años de prisión para los culpables. Los abogados de Planned Parenthood Arizona indicaron que creen que las sanciones penales se aplicarán únicamente a los médicos. Pero las sanciones también se aplican al suministro de píldoras abortivas, el método más común en Estados Unidos.

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