PHOENIX- Una jueza federal que previamente concluyó que Arizona estaba brindando atención médica y de salud mental inadecuada a los presos dijo que le dará al estado tres meses para garantizar que tenga suficientes profesionales de la salud para cumplir con los estándares constitucionales.
En una presentación el lunes por la noche, la jueza Roslyn Silver describió los cambios que planea imponer al Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de Arizona para remediar sus violaciones constitucionales de los derechos de los presos.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.
Silver dijo que planea nombrar a cuatro funcionarios que supervisarán el cumplimiento del departamento de correccionales con los cambios ordenados por la corte. Cuando el acuerdo estuvo en vigor, los abogados que representaban a los presos dijeron que el estado hizo un mal trabajo de control e infló sus números de cumplimiento.
Anteriormente, concluyó que no había suficientes empleados de salud para atender a las aproximadamente 25,000 personas encarceladas alojadas en prisiones estatales y que los funcionarios penitenciarios no habían hecho ningún intento significativo para solucionar el problema de falta de personal.
El caso fue a juicio a fines de 2021 después de que Silver rechazó un acuerdo de 6 años sobre la atención médica en la prisión, diciendo que el estado mostró poco interés en realizar muchas de las mejoras que prometió en virtud del acuerdo. Ella había concluido que $2.5 millones en multas por desacato a la corte contra el estado tampoco motivaron a las autoridades a cumplir con el acuerdo.
La jueza no especificó la cantidad de profesionales de la salud necesarios en las prisiones estatales, pero estableció proporciones para la cantidad de profesionales necesarios para tratar a un número determinado de presos.
Los abogados que representan a los presos le habían pedido previamente a Silver que estableciera una administración judicial donde el tribunal se haría cargo de las operaciones de atención médica en las prisiones estatales y designaría a un funcionario para administrar esos servicios allí.
