Estados Unidos

Biden emitirá orden ejecutiva para proteger información de estadounidenses de China y otros países

Aunque el hackeo de computadoras está prohibido en Estados Unidos, comprar datos potencialmente sensibles por vía de intermediarios es legal.

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El presidente Joe Biden firmará el miércoles una orden ejecutiva que busca proteger mejor los datos personales de los ciudadanos estadounidenses como datos biométricos, de salud, de finanzas y de geolocalización, a fin de evitar que caigan en manos de adversarios como China y Rusia.

El secretario de Justicia y otras agencias federales deberán impedir la transferencia a gran escala de los datos personales de los estadounidenses a lo que la Casa Blanca llama “países preocupantes”, y al mismo tiempo deberán erigir protecciones alrededor de otras actividades que puedan dar a esos países acceso a los datos.

El propósito es hacerlo sin limitar el comercio legítimo con los datos, dijeron funcionarios de la administración Biden en una conferencia telefónica con reporteros.

La medida apunta a comerciantes de datos, compañías a veces opacas que trafican en datos personales y que según las autoridades podrían vender información a adversarios extranjeros o entidades en Estados Unidos controladas por esos países.

La mayoría de los mecanismos para la aplicación de las medidas todavía tienen que pasar por procesos largos y complicados para la formulación de nuevas normativas. Aun así, el gobierno aspira a que eventualmente limitarán la capacidad de entidades extranjeras y de compañías en Estados Unidos controladas desde el extranjero, de recabar inapropiadamente datos sensibles, dijeron los funcionarios.

Los intermediarios de datos son legales en Estados Unidos. Usualmente, recaban y clasifican datos personales a fin de armar perfiles de millones de ciudadanos para alquilar o vender a otros.

Actividades como el hackeo de computadoras, dijeron los funcionarios, ya están prohibidas en Estados Unidos, pero comprar datos potencialmente sensibles por vía de intermediarios es legal. Eso podría representar un hueco en la seguridad nacional, cuando la información es vendida a un intermediario sabiendo que podría llegar a manos de un adversario. Esa es la brecha que la nueva normativa busca cerrar, dijeron los funcionarios.

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