SAN SALVADOR — Human Rights Watch y Cristosal denunciaron el miércoles que han documentado en El Salvador más de 1,000 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el régimen de excepción decretado por el Congreso para combatir a las pandillas.
De acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, entre los detenidos en “operativos indiscriminados”, sobre todo en barrios de bajos ingresos, hay más de 160 niños y niñas.
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Además, las entidades afirmaron que a parte de la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, se han registrado desapariciones forzadas, torturas y muertes de detenidos bajo la custodia de agentes del Estado, además de arrestos masivos de personas que no están vinculadas con las pandillas.
“Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”, expresó en conferencia de prensa Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Las dos organizaciones dijeron que entre más de un millar de detenciones arbitrarias se ha registrado al menos una decena de desapariciones forzadas, “uno de los delitos más graves que se pueden cometer”, explicó a The Associated Press Juan Pappier, director asociado en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Explicaron que durante la investigación realizaron más de 1,100 entrevistas a personas de todos los departamentos de El Salvador y documentaron al menos 90 personas muertas cuando estaban bajo custodia de las autoridades estatales. De esos casos se han enfocado en 11 y afirmaron contar con documentación médica, análisis de peritos internacionales y testimonios que confirman las denuncias.
El estado de excepción fue aprobado por el Congreso, a pedido del presidente Nayib Bukele, luego de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios en un día. Este régimen limita la libertad de asociación, suspende el derecho de las personas a ser debidamente informadas de sus derechos y del motivo de su arresto, así como de la asistencia de un abogado.
De acuerdo con cifras del gobierno, en lo que va del estado de excepción se ha capturado a más de 58,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas.
Aunque Pappier reconoció que las medidas adoptadas por Bukele han logrado bajar el índice de homicidios, censuró la “política de mano dura” y advirtió que “sería un grave error pensar que un éxito pueda lograrse sobre la base de violaciones masivas a los derechos humanos”.
Señaló que hay motivos para pensar que esa disminución no será sostenible en el tiempo porque la historia de El Salvador ha demostrado que cuando se implementan políticas de mano dura el descenso de la violencia es temporal.
“Este tipo políticas no son sostenibles en el largo plazo porque no se concentran en atacar los delitos más violentos y a quienes son los líderes, sino en dar resultados rápidos que en la práctica no permiten desestructurar organizaciones criminales”, agregó Goebertus.
Por su parte, las autoridades han advertido que continuarán con el combate a las pandillas ya que aseguran que la mayoría de la población apoya la medida.
Según estadísticas oficiales, del 1 de enero al 30 de noviembre se registraron 598 homicidios, un 44% menos que en el mismo período de 2021.
Los empresarios del transporte público aseguraron recientemente que desde que se implementó el régimen de excepción las extorsiones han bajado un 95%.
Las organizaciones han solicitado reunirse con el presidente Bukele para presentarle los hallazgos de la investigación y sus recomendaciones para combatir la violencia de las pandillas pero dijeron que aun no han recibido respuesta.
De hecho, el funcionario contestó a un tweet del director asociado en funciones de Human Rights Watch, Juan Pappier, diciendo que no tiene intenciones de terminar el régimen.
Las llamadas maras, pandillas que tienen presencia en comunidades y barrios populosos del país, están involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizada. Extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.
