Triunfo para “Dreamers” con cuotas universitarias

“Dreamers” podrán pagar matrículas como residentes

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    ARIZONA - Los inmigrantes jóvenes a los que el gobierno del presidente Barack Obama ha protegido de la deportación tienen derecho a las tarifas de enseñanza que algunas instituciones de educación superior de Arizona cobran a los estudiantes del estado, dijo el martes en un fallo un juez del condado Maricopa.

    Arthur Anderson, juez de la Corte Superior, emitió su decisión respecto de la demanda que presentó el ex procurador general estatal Tom Horne contra el Distrito de Colegios Comunitarios de ese condado.

    Horne había alegado que los llamados "dreamers", como se dice a los jóvenes que ingresaron sin permiso al país cuando niños y que se les ha amparado de la deportación, no viven legalmente en Estados Unidos ni pueden acceder a prestaciones estatales debido a una ley promulgada mediante referendo en 2006 conocida como Propuesta 300.

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    Sin embargo, el juez Anderson señaló que la Propuesta 300 no suprime las prestaciones públicas a los inmigrantes que viven legalmente en el país, tal como cataloga el gobierno federal a los jóvenes a los que ha concedido el amparo frente a la deportación.

    Por lo tanto, los jóvenes a los que se ha protegido de ser expulsados del país pueden acceder a las tarifas que se cobran a los alumnos estatales que estudian en colegios comunitarios, agregó.

    "Es la ley federal, no la estatal, la que determina quién se encuentra legalmente en Estados Unidos", escribió Anderson.

    "Un gobierno estatal no puede establecer subcategorías de `permanencia legal', eligiendo y decidiendo cuándo considerará legalmente presentes y cuando no a los beneficiarios del DACA (siglas en inglés del programa Acción Diferida para los que Llegaron en la Infancia, que protege de la deportación a los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños), creado por Obama en 2012.

    La medida del juez sólo es aplicable en los colegios comunitarios del condado y no sienta precedente jurídico para el resto del estado.

    Sin embargo, podría sustentar los argumentos que presenten colegios comunitarios en otras partes.

    El Colegio Comunitario de Pima ofrece las tarifas de enseñanza que se cobran a los alumnos nacidos en el estado a los estudiantes protegidos de la deportación, en tanto que los rectores de las universidades estatales sopesan ofrecerles tarifas menores pero que continúan siendo más caras que las cobradas a los alumnos locales.

    "Es obvio y válido en este preciso momento que las universidades y los distritos de los colegios comunitarios consideren el fallo como algo que tiene cierto valor para un precedente en función del hecho de que interpreta un estatuto estatal", dijo Lynne Adams, la abogada que representó al distrito colegial en el caso.

    El distrito de colegios comunitarios comenzó a ofrecer las tarifas de enseñanza menores que cobra a los estudiantes estatales a los jóvenes protegidos de la deportación poco después de que Obama proclamara el DACA, en tanto que Horne impugnó la medida en tribunales.

    El rector del distrito de colegios comunitarios, Rubus Glasper, dijo que tiene conocimiento de que el gobierno estatal no estuvo de acuerdo con la decisión de bajar las tarifas de enseñanza a los estudiantes protegidos frente a la deportación.

    Cientos de estudiantes amparados bajo el programa “DACA” se encuentran muy felices, pues la respuesta a esta batalla legal también se da meses después de que se concedieran las licencias de conducir en Arizona para todos aquellos bajo dicho programa.

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