ARIZONA - En momentos en que busca un séptimo periodo como jefe policial de la zona metropolitana de Phoenix, Joe Arpaio enfrenta la posibilidad de que su agencia sea sometida a mayor supervisión de un juez después de que éste determinó que desobedeció sus órdenes en un caso de encasillamiento racial.
El juez declaró que Arpaio incurrió en desacato civil por violar las órdenes de la corte, por ejemplo, al permitir que los agentes continuaran efectuando operativos contra la inmigración ilegal 18 meses después de que las prohibiera el juez.
La decisión acerca al jefe policial a un posible proceso penal por desacato que podría exponerlo a multas e incluso a prisión.
La policía a cargo de Arpaio fue puesta bajo supervisión de la corte después de que el juez dijera en un fallo hace casi tres años que sus agentes habían discriminado a latinos.
Ante esa situación, el juez ordenó cambios en la agencia, como el adiestramiento de los agentes para que efectúen detenciones de tránsito apegadas a derecho.
El juez federal Murray Snow está considerando invalidar varias pesquisas internas sobre presuntos delitos y mala gestión de parte de los empleados de la policía y pedir que un investigador independiente examine nuevamente las acusaciones.
Según el fallo sobre desacato emitido el viernes, Arpaio falseó deliberadamente hechos el año pasado cuando negó ante la corte que había efectuado una investigación sobre el juez.
En el fallo se criticó severamente el proceder de Arpaio para efectuar sus investigaciones internas y se afirmó que las medidas disciplinarias son decididas a veces por empleados que carecen de imparcialidad y tienen conflictos de interés cuando deben actuar en ese tipo de asuntos.
Ningún superior bajo órdenes de Arpaio fue disciplinado por abstenerse de acatar la orden emitida por el juez en 2011 de que suspendieran los operativos contra la inmigración.
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En otro ejemplo, el juez determinó que la oficina de Arpaio efectuó una investigación interna inadecuada sobre los superiores que no supervisaron de manera apropiada a un policía problemático.
El arresto del agente por robo y su posterior suicidio propiciaron afirmaciones de que los agentes se apropiaban de objetos confiscados a personas durante detenciones de tráfico y operaciones policiales.
"Nadie rindió cuentas por las irregularidades en esas investigaciones", dijo Cecillia Wang, una de las abogadas que impulsaron el proceso de encasillamiento racial contra Arpaio. "Es definitivamente crucial que las personas rindan cuentas", agregó.
La oficina de Arpaio no hizo el domingo declaraciones sobre la posibilidad de que se invaliden algunas investigaciones internas. La agencia reiteró su declaración previa de que estaba revisando la decisión, expresó su desacuerdo con algunas de las conclusiones y señaló que trabajaría para cumplir las órdenes del juez.
Se programó una audiencia para el 31 de mayo a fin de examinar cómo remediar las infracciones por desacato de Arpaio.
Las autoridades del condado tienen previsto aprobar de manera provisional gastos por 13 millones de dólares para canalizarlos el año entrante al caso de encasillamiento racial. El caso ha costado a los contribuyentes 41 millones de dólares en los últimos ocho años.
