Reconstruyen identidad de más de 30,000 desaparecidos

Asociaciones y familiares de las víctimas exigen a las autoridades cesen las omisiones.

Para reivindicar que los miles de desaparecidos en México son más que un número, la organización Data Cívica dio nombre a 31,968 personas que aparecen en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

En el actual registro "hay errores por mala documentación de la realidad de las personas e inercia hacia la despersonalización y la deshumanización de estas prácticas", dijo en rueda de prensa Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las quince entidades involucradas en el proyecto.

Este registro se divide en dos bases -fuero común y federal- y recopila información como la talla, la complexión, la edad y la entidad de desaparición de la personas, pero no aparece su nombre.

La existencia de un registro nacional impide saber cuántas personas desaparecidas existen en México, pues no todos los casos están consignados.

"Hoy vamos a poner nombre a las personas desaparecidas y cuyos casos se encuentran en investigación del fuero común", remarcó Aguirre.

Destacó que esto "dignifica, nombra y pone rostro a las miles de víctimas que todavía esperan justicia y verdad", y subraya, además, la "negligencia institucional", el desinterés, en encontrar estas víctimas.

Instó a que la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas mejore las políticas públicas actuales e impida estos "errores" en el registro, a fin de atender correctamente "la grave crisis de desapariciones".

El registro establecido por Data Cívica logró dar nombre a 31,968 personas y para lograrlo usaron dos bases de datos públicas de la Secretaría de Gobernación.

Actualmente, contabilizan 32,277 desaparecidos del fuero común y 1,025 en el fuero federal. Del fuero común, 23,800 son hombres y 8,477 son mujeres.

Michael W. Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan Larios, denunció las incongruencias del actual sistema de registro de desaparecidos. "No podemos saber cuántos hay", afirmó.

Por ello, su ONG se dedicó a comparar datos propios con los oficiales y encontraron, por ejemplo, que solo se abrió averiguación previa en el 75% de los casos, y que las listas cambian a cada corte -con nombres, imágenes, datos-, pero el registro "no se va depurando ni mejorando".

Debemos "discutir un nuevo registro certero y único de personas desaparecidas, que nos dé certeza de quiénes son y su estatus, para poder hacer búsquedas más certeras", indicó el experto.

Anticipándose a las posibles críticas desde el Ejecutivo, las ONGs que han participado en el proyecto defendieron hoy que este registro no ha de ser ni confidencial ni reservado, al tratarse de delitos de lesa humanidad.

Bertila Beltrán, madre de la joven desaparecida Cruz Alejandra, apoyó el proyecto de Data Cívica.

Su hija desapareció en 2013 y la hallaron sin vida en 2016 a partir de una denuncia anónima. En estos tres años de búsqueda, la madre peleó a diario contra las autoridades y su desinterés.

Por ejemplo, su hija desapareció con una amiga, y en los registros siempre mezclaban sus nombres, fotos y características físicas.

"Que les den un lugar digno (a los desaparecidos) y que nos informen de cómo van las cosas. El principal delito es la omisión", zanjó esta madre.

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