Susana lo recuerda todo como una pesadilla: a los 19 años tuvo un aborto involuntario y fue acusada por el homicidio de su propio bebé.
"Me mandaron a los policías a donde yo estaba en la cama", dice Susana. "Había uno que me sacó un Cristo grandote y me decía que jurara ante Dios que yo lo había hecho, que había matado al bebé".
La sentencia fue de 25 años. Y en la cárcel, asegura, vivió los peores momentos de su vida.
"Había una custodia que me decía cosas, me insultaba, me decía que ya ni los perros hacían lo que yo hice", rememora.
Después de 7 años, consiguió su libertad pero a la fecha, alrededor de 300 mujeres enfrentan una sentencia por aborto y sus delitos relacionados.
"El problema es serio como el caso de Susi; mujeres criminalizadas por homicidio, infanticidio, por homicidio en razón de parentesco", explica Verónica Cruz, directora de la organización “Las Libres”, que ayudó a liberar a Susana.
Ella confirma un drama en silencio: desde el 2000 y hasta la fecha, más de 3,900 mujeres están criminalizadas por abortos espontáneos, emergencias obstétricas y partos prematuros.
"En todos los casos que hemos documentado la mayoría son de mujeres pobres de área rural y mujeres indígenas que ni siquiera hablan español, en el momento de la detención", dice.
México
El aborto es legal únicamente en Ciudad de México, pero una de las propuestas del gobierno del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, es impulsar que un embarazo pueda interrumpirse, de manera legal, en las 12 primeras semanas de gestación.
"Que el gobierno legalice el aborto para que no sufran las mujeres lo que nosotros sufrimos, que nos sentenciaron a 25 años y es una injusticia lo que nos hicieron", expresa Susana.
Ahora, Susana es madre de una pequeña de 9 años y confía en que el gobierno entrante logrará modificar la ley en todo el país.
