Ayotzinapa: Padres de los 43 reclaman al gobierno

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos exigieron separar a dos funcionarios de sus cargos e investigarlos

Los padres de los 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa desaparecidos en el sur de México reclamaron el lunes a las autoridades haberles mentido sobre la investigación y exigieron que el presidente Enrique Peña Nieto les dé la cara.

Un día después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su informe final sobre el llamado Caso Iguala, los familiares de los normalistas dejaron en claro que la investigación aún no concluye.

Los expertos internacionales, que dejarán el país el 30 de abril tras confrontarse con el gobierno de México, concluyeron en su informe que los testigos claves de la versión gubernamental habrían sido torturados y que hubo acciones oficiales sin notificar en la investigación. 

Padres y familiares de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 exigieron que el gobierno de Peña Nieto siga las líneas de investigación sugeridas por los expertos del GIEI.

También, que separe de sus cargos e investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y a la coordinadora general de Servicios Periciales, Sara Mónica Medina Alegría, ante la posibilidad de que hayan "sembrado" evidencias en el basurero de Cocula, Guerrero.

"Ellos fueron los que sembraron las evidencias del río San Juan", dijo González. "Queremos que se cese a Tomás Zerón y se le abra una investigación". 

El panel de expertos también denuncio que sus labores fueron obstaculizadas por las autoridades, quienes parecen empeñadas en sostener la teoría oficial de que los esudiantes fueron quemados en un basurero, algo que ha sido rechazado desde hace meses por peritos independientes.

El trabajo del grupo "nos ha demostrado las mentiras en que ha caído la PGR", dijo Mario César González, padre de César Manuel, uno de los alumnos desaparecidos.

"El gobierno desde el principio nos empezó a mentir", dijo Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, a un día de que se cumpla un año y siete meses de la desaparición de los estudiantes en el conflictivo estado de Guerrero, el mayor productor en México de amapola, materia prima para fabricar heroína.

El demoler informe "representa una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del gobierno mexicano", sostuvo a su vez Amnistía Internacional.

"La determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites", insistió Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado a medios.

"Las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto", alertó la defensora de derechos humanos.

Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras ser atacados y detenidos por policías municipales y presuntos sicarios en la ciudad de Iguala, en el sur de México.

Desde noviembre de 2014, la Fiscalía mexicana afirmó que los agentes entregaron a los jóvenes a miembros del Cártel de los Guerreros Unidos, quienes los mataron, calcinaron en un basurero y los lanzaron en bolsas a un río cercano.

Pero tanto un prestigiado grupo de forenses argentinos, como un perito que hizo un estudio para los expertos de la Comisión Interamericana, concluyeron que no hay evidencias científicas de que los estudiantes hayan sido quemados en el lugar.

Además, los expertos divulgaron la víspera un video en el que se ve al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, en la ribera del río donde se habrían encontrado supuestos restos que luego de estudios de ADN dieron positivo a uno de los alumnos.

Sin embargo, la grabación se hizo un día antes de la fecha que la autoridad dijo que se habrían encontrado los restos, lo cual ha llevado a algunos, incluidos los padres, a creer que eso indicaría una posible alteración de evidencias.

La Fiscalía mexicana dijo que investiga el caso y que en su momento dará información al respecto.

Los expertos también señalaron que al menos 17 de los más de 120 detenidos habrían sido torturados, incluidos los cinco supuestos sicarios que declararon sobre la presunta quema de los estudiantes en el basurero.

"La tortura pone en riesgo la verdad", resaltó Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el grupo que acompaña jurídicamente a los padres.

Los estándares internacionales señalan que las confesiones hechas bajo tortura no tienen validez jurídica.

La Procuraduría ha negado que haya obstruido el trabajo de los expertos y dijo que investiga cosas puntuales como las denuncias de tortura.

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, únio funcionario que hasta ahora ha comentado el tema, dijo el domingo que investigan la posible tortura contra 31 de los detenidos.

Los expertos dijeron que no debe cerrarse la posibilidad de que la razón detrás de las desapariciones esté en el posible tráfico de heroína de Iguala hacia Chicago, en Estados Unidos, algo que ya habían planteado desde su anterior reporte, pero que aseguraron que no se avanzó en nada hasta ahora.

El panel acusa al gobierno de no haber seguido líneas de investigación claves, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechados de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar "confesiones".

El gobierno negó un pedido de los expertos y familiares de extender su mandato y continuar con su investigación.

Contáctanos