ARIZONA – Varios grupos a favor de los inmigrantes están celebrando la resolución a una demanda que le pone alto a las últimas cláusulas que quedaban vigentes en la ley SB1070 en Arizona.
A través de un comunicado, la Unión Americana de Libertades Civiles en Arizona (ACLU por sus siglas en inglés), señaló que la oficina del procurador general emitirá políticas sobre la manera en la que agencias de seguridad deben implementar las secciones 2(B) y 2(D) de dicha ley.
Es decir, la oficina acordó que oficiales, como por ejemplo policías o alguaciles, no podrán utilizar el origen étnico o raza de una persona para comenzar una investigación y determinar si es o no indocumentada.
Si alguien es detenido, tampoco pueden detenerlo por más del tiempo necesario con el fin de investigar su estatus migratorio.
“Esta etapa de la lucha contra la SB1070 ha llegado a su fin, pero nosotros continuaremos luchando para asegurarnos que los derechos de las personas no sean violados”, expresó Alessandra Soler, directora ejecutiva de ACLU en Arizona.
Por su parte la organización Chicanos por la Causa también envió un comunicado ante dicha decisión que beneficiará a cientos de inmigrantes en nuestro estado:
“Estamos satisfechos por los recientes acontecimientos relacionados con la sección 2B de la SB1070, una disposición que habría permitido a las agencias del orden de Arizona participar en la discriminación por perfil racial. Gracias al arduo trabajo, determinación y perseverancia en la larga búsqueda por la justicia de organizaciones y líderes comunitarios y nacionales, la porción de perfil racial en esencia se desechó”.
La SB1070, aprobada en el 2010 bajo la supervisión de la exgobenardora Jan Brewer, recibió atención nacional e internacional ya que básicamente criminalizaba a inmigrantes que no poseían documentos y en algunos casos los consideraba como presuntos culpables de crímenes simplemente por su apariencia.
