ARIZONA - Un programa que apostaría agentes policiales en nueve escuelas de Tucson ha sido aplazado por las autoridades de la ciudad ante el temor de que los agentes pregunten a los alumnos acerca de su estatus migratorio, como lo exige la ley SB 1070 de Arizona, la emblemática ley estatal de inmigración. Una subvención estatal apostaría a nueve agentes en siete preparatorias y dos secundarias, aproximadamente cinco años después que el Departamento de Policía de Tucson, en una crisis presupuestal, se viera obligado a eliminar el programa. El temor de que los agentes pregunten el estatus migratorio de los estudiantes llevó a un debate esta semana cuando los miembros del Concejo Municipal de Tucson estaban a punto de firmar los contratos con los Distritos Escolares Unidos de Tucson y el 10mo Distrito Escolar de Tucson.
La Oficina de Recursos Escolares realizaría patrullajes por las escuelas y proveería de 180 horas de educación relacionada con leyes. La policía indicó que los agentes brindarían asesoría a los estudiantes y los mantendrían lejos de problemas. Pero incluso la posibilidad de que un agente en la escuela pueda preguntar el estatus migratorio de un menor resulta demasiado para algunos integrantes del Concejo. "El que los padres y los estudiantes no tengan plena confianza de no ser cuestionados sobre su estatus migratorio es algo que podría ser muy exasperante y pavoroso, de hecho", opinó la concejal Regina Romero. Romero pidió que se incluyera una cláusula en el contrato que prohíba a la policía de Tucson realizar tales preguntas. Pero eso obligaría a los agentes a violar la ley, de acuerdo con Roberto Villaseñor, jefe de la policía de Tucson. "Ellos necesitan hacer lo que la ley dicta", aseguró Villaseñor. "Este tipo de dirección requiere que yo viole la ley. Y eso no lo haré. Lo siento". Villaseñor ha criticado abiertamente la ley SB 1070, que exige que la policía, durante la aplicación de otras leyes, pregunte el estatus migratorio de una persona que sea sospechosa de estar en Estados Unidos sin autorización ilegal. Pero también ha dicho que es su obligación acatar la ley, lo que le ha generado críticas en Tucson de defensores de los derechos de los inmigrantes y de concejales que creen que es la SB 1070 inconstitucional. Victoria López, directora de política y defensa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, dijo que la ley SB 1070 de hecho le da a los agentes de la policía plena libertad de decidir si aplican la ley. La policía no tiene que preguntar el estatus migratorio cuando no es viable o cuando el hacerlo obstruiría o entorpecería una investigación, dijo. En Tucson, una ciudad que se considera a sí misma amigable para los inmigrantes, los líderes han llegado a sugerir que la policía de Tucson no ejerza la ley SB 1070 bajo el argumento de que la ciudad está lista a enfrentar cualquier demanda legal que derive de ello.
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