Un juez federal prohibió que el gobierno de Estados Unidos retire el beneficio de DACA a cualquier persona tan solo porque ha decidido iniciar un proceso de deportación con base en un arresto, y ordenó al Servicio de Migración y Aduanas que se adhiera a los reglamentos dando notificación y derecho a respuesta.
El juez Phillip Rodríguez, ordenó el pasado lunes por la noche en Los Ángeles, restablecer DACA y sus correspondientes permisos de trabajo a los tres jóvenes demandantes y a un colectivo que, como ellos, les fuera quitado ese beneficio a partir del 19 de enero de 2017 “sin notificación, explicación razonada u oportunidad de responder”.
Además, el gobierno federal queda prohibido de tomar medidas similares en el futuro, de acuerdo a la orden de Rodríguez.
El juez dio su decisión después de una audiencia en su tribunal del centro de Los Ángeles en el caso de Jesús Alonso Arreola Robles, fue presentado por la Unión de Libertades Civiles Americanas y la ACLU del Sur de California.
“La decisión dificulta al gobierno la terminación arbitraria de beneficios de DACA a personas individuales”, dijo la abogada Jennifer Chang Newell, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU nacional.
Los orígenes de esta demanda están en tres casos de jóvenes inmigrantes cuyo DACA fue revocado automáticamente luego de un arresto, aún cuando nunca fueran convictos o el delito no entrara bajo los que descalifican a una persona de obtener DACA.
El primer caso conocido fue el de Jesús Alonso Arreola Robles, un residente de North Hollywood, de 23 años quien fue arrestado en febrero de 2017 mientras trabajaba para Uber.
El magistrado le dio 14 días a USCIS para enviar notificación de esta decisión a todas las personas cuyo DACA fue revocado después del 19 de enero de 2017 sin aviso. También ordenó que revisaran si esas personas habían sido convictas de un delito que las descalifique para el programa y, si no es así, deben restablecer su DACA y permiso de trabajo lo antes posible.
