Estudiantes protestan por recorte de presupuesto

Estudiantes protestan por recorte de presupuesto

ARIZONA – Tras varias horas de discusión, el presupesto estatal para este año se ha convertido en uno de los más controversiales, pues se han originado protestas de estudiantes y maestros, ya que ellos consideran que el sistema educativo sufrirá un cambio drástico que no ayuda a al futuro de Arizona.

Entre medio de dichas situaciones, el gobernador Doug Ducey llegó finalmente a un acuerdo para establecer que el presupuesto estatal será de $9,000,000.

Entre lo establecido, el sistema educativo sufrirá un recorte significativo, lo cual es algo que enfureció a varias personas, incluyendo a representantes estatales que no se quedaron callados.

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“La oportunidad de nuestros ciudadanos se basa en una educación y este presupuesto simplemente está destrozando esa oportunidad de nuestra juventud”, dijo Bruce Wheeler, miembro de la cámara de representantes.

Wheeler también asegura que quienes se van a favorecer del nuevo presupuesto fiscal son los negocios, pues argumenta que les están dando ventaja con los impuestos que ni siquiera han pedido, por lo cual se han perdido casi $500,000,000 que podrían haber sido utilizados en la educación.

Con el nuevo presupuesto, las universidades estatales y los fondos para los colegios comunitarios de los condados Maricopa y Pima verán un recorte de casi $100,000,000.

En cuanto a los hospitales y proveedores de Medicaid, el recorte aumentará del 3 al 5 por ciento.

“Arizona ahora tiene una población tremenda de hispanos, de latinos y queremos hacer algo positivo, no negativo, positivo, pero tenemos que tener la oportunidad. La puerta tiene que estar abierta a la educación”, dijo Macario Saldate, representante por el distrito 27.

Mientras tanto, el gobernador Ducey defendió su postura en su página de Twitter, diciendo que el presupuesto es un compromiso que él tiene con los arizonenses y no sobre intereses especiales.

Otros puntos establecidos para el nuevo presupuesto fiscal, es que los condados tendrán que pagar 25 por ciento del costo que implica enviar a un menor a un centro de detención estatal.

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