TUCSON- El recuento final es de 22 oficiales penitenciarios. Esos son los que emitieron órdenes de despido por negarse a vacunarse contra COVID-19 como condición para su empleo luego de un mandato aprobado por la Junta del Condado de Pima en noviembre.
El mandato establecía que cualquier empleado del condado que trabaje con una población vulnerable debe vacunarse. Los reclusos se consideran una población vulnerable. Hubo 2,095 empleados que corresponden a esa categoría.
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Según el último memorando emitido por el administrador interino del condado, Jan Lesher, 111 funcionarios penitenciarios no han sido vacunados ni han recibido una exención. Pero 89 de ellos están de licencia por licencia militar o familiar.
