PHOENIX- La Unión Americana de Libertades Civiles y ACLU en Arizona ha presentado una demanda colectiva contra la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa, donde acusa que los fiscales están abusando de un proceso judicial previo a un juicio para obligar a miles de acusados a declararse culpables antes de que se entreguen pruebas.
La demanda, que fue presentada en un tribunal federal el miércoles, tiene como objetivo detallar cómo los fiscales están utilizando los Tribunales de Disposición Temprana (EDC) y los Centros de Tribunales Regionales (RCC).
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Los dos procesos judiciales previos al juicio son similares y tienen el objetivo declarado de consolidar las audiencias y obtener condenas lo más rápido posible. La denuncia presentada la puedes ver aquí.
A menudo, en la primera audiencia, los fiscales presentan un acuerdo de culpabilidad que amenaza con sanciones más severas si los acusados ejercen su derecho constitucional básico de pedir una audiencia de causa probable para justificar si los cargos son legítimos, según la demanda.
Lo que debes saber
- Según la demanda, se busca la certificación de clase y medidas cautelares para detener la política de represalias de la fiscalía a fin de proteger los derechos constitucionales de las personas.
- De acuerdo con ACLU, los fiscales también se niegan a revelar cualquier información más allá de los informes policiales, incluso si la tienen, a menos que las personas renuncien a sus derechos.
- En los correos electrónicos a los defensores públicos, los fiscales del condado de Maricopa reconocen abiertamente que uno de los propósitos de la política es evitar el trabajo de revisar las pruebas y prepararse para el juicio.
La denuncia de la ACLU contiene múltiples ejemplos de la amenaza presentada a los acusados antes de que tengan la oportunidad de ver las pruebas en su contra.\
La demanda está siendo presentada por el capítulo de Arizona de la ACLU y su oficina nacional. La organización de derechos civiles representa a Arizona Attorneys for Criminal Justice, un grupo local sin fines de lucro de abogados defensores que representan a acusados penales.
La demanda también menciona a varias personas específicas, incluido Samuel Luckey, quien afirmó que se sentía amenazado por el proceso coercitivo.
Local
Luckey, quien enfrenta cargos por drogas, expresó su preocupación durante una audiencia judicial en abril cuando un juez le preguntó si alguien lo amenazó si renunciaba a su derecho a una audiencia de causa probable.
