PHOENIX - Los líderes republicanos de la Legislatura de Arizona no tratarán de defender una nueva ley que limita la grabación en video de la policía, medida que ha sido bloqueada por un juez federal, una decisión que esencialmente pone fin a la pelea por la polémica propuesta.
La presidenta del Senado, Karen Fann, y el presidente de la Cámara, Rusty Bowers, dijeron que no intervendrían en el caso antes de la fecha límite del 16 de septiembre establecida por el juez federal cuando bloqueó temporalmente la entrada en vigor de la nueva ley la semana pasada por motivos de la Primera Enmienda.
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El representante que promovió el proyecto de ley, el republicano John Kavanagh, dijo el viernes que no ha podido encontrar un grupo externo para defender la ley, que fue cuestionada por organizaciones de medios de comunicación y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
Los grupos ahora pedirán que la ley, que entraría en vigor la próxima semana, sea bloqueada permanentemente.
Tuchi señaló que ya existen leyes en Arizona que prohíben interferir con la policía, y que señalar a las personas por grabar videos parece ser inconstitucional a primera vista. Y escribió en su fallo que prohibir que alguien use un teléfono o una cámara de video de noticias para grabar, sin prohibir otras acciones, es una restricción basada en el contenido que es ilegal.
La ley establece que es ilegal grabar en video a los agentes de policía a 8 pies (2.5 metros) o más cerca si el agente le dice a la persona que se detenga. Y en propiedad privada, si oficial decide que alguien está interfiriendo o que el área no es segura puede ordenarle a la persona que deje de grabar, incluso si la grabación se realizó con el permiso del propietario.
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A los videos de teléfonos celulares se les atribuye en gran medida la revelación de mala conducta policial, como el asesinato de George Floyd en 2020 a manos de oficiales de Minneapolis, y la remodelación de la conversación sobre la transparencia policial. Pero los legisladores republicanos de Arizona dicen que la legislación era necesaria para limitar a las personas con cámaras que obstaculizan deliberadamente a los agentes.
Una vez que una coalición de grupos de medios y la ACLU presentaron una demanda, el fiscal general republicano Mark Brnovich se negó a defender la ley, al igual que el fiscal y la oficina del alguacil en el condado de Maricopa, hogar de Phoenix.
