Un juez dictaminó que Arizona tiene la autoridad para demandar al Maricopa County Community College District por ofrecer colegiaturas como residentes del estado, a estudiantes que recibieron una Acción Diferida o también conocida como DACA.
En el fallo emitido el miércoles por el juez Arthur Anderson de la Corte Superior del Condado Maricopa, estipula que Tom Horne, fiscal general de Arizona, actuó de manera apropiada bajo la dirección de la gobernadora Brewer, para constatar que la ley sea ejecutada.
Opositores a la política adoptada por Maricopa County Community College District (MCCCD), la cual provee ese beneficio a estudiantes que recibieron DACA (Differed Action Childhood Arrivals), declararon que dicha disposición viola leyes estatales que prohíben a inmigrantes indocumentado, recibir beneficios públicos.
El equipo legal de MCCCD, uno de los sistemas de colegios comunitarios más grandes en el país, argumentó previamente que las obligaciones de la gobernadora no se extienden a dictaminar las políticas de dicho sistema educativo.
