ARIZONA - La Conferencia Episcopal de EE.UU. (USCCB) pidió hoy transformar radicalmente el sistema de centros de detenciones de indocumentados del país para acabar con las detenciones prolongadas y sustituirlas por un programa de libertad bajo supervisión.
"La industria de detenciones de inmigrantes indocumentados se ha convertido en la norma", dijo el obispo auxiliar de Seattle, Eusebio Elizondo, en una teleconferencia de prensa.
El plan está basado en observaciones hechas por los propios obispos durante visitas a centros de detenciones en estados como Illinois, Florida, Arizona y California.
En el reporte, la USCCB destaca que la gran mayoría de las personas bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se encuentra en cárceles y otras instalaciones donde está sujeta a las mismas normas y regulaciones diseñadas para individuos que han cometido un crimen.
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Aseguran que, en muchos sentidos, son tratados incluso con más dureza que los criminales.
Los obispos católicos rechazan la detención de inmigrantes como una "herramienta" contra la inmigración indocumentada y aseguran que solo debe de utilizarse como un último recurso, por lo que se oponen a la detención de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ancianos, enfermos y personas que solicitan asilo.
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Los obispos aseguran que solo deben de permanecer detenidas las personas con historial criminal y no aquellas que apenas hayan violado las leyes migratorias.
El plan presentado hoy por la USCCB pide que el actual sistema, basado en "cuotas de detenciones", sea "desmantelado" y se transforme en un programa con diferentes niveles de libertad bajo supervisión para garantizar que los indocumentados se presenten a sus citas con los jueces de Inmigración.
Grupos de activistas denuncian la existencia de una "cuota de camas", por la cual en los centros de detención debe haber siempre al menos 34.000 indocumentados detenidos en cerca de 250 cárceles del país, tanto públicas o privadas.
En este sentido, la USCCB consideró que se debe disminuir el millonario negocio en el que se han convertido las detenciones de indocumentados para las grandes corporaciones privadas que administran estos centros.
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"No se deben de sacrificar los principios humanitarios", aseguró durante la misma conferencia el obispo de Brooklyn (Nueva York), Nicholas DiMarzio.
El prelado indicó que actualmente el Gobierno federal gasta cerca de 1,700 millones de dólares anuales en la detención de inmigrantes indocumentados.
Este elevado importe, opinó, se convierte en un incentivo para que se mantenga la detención de los migrantes, lo que favorece a compañías privadas y contratistas que operan los centros de detenciones.
USCCB considera que no se puede lograr un verdadero cambio si no hay una completa reestructuración del sistema.
Como un primer paso en este proceso los obispos católicos pidieron al Congreso llevar a cabo un exhaustivo estudio sobre los beneficios, desafíos y costo para la puesta en marcha de un sistema de detenciones de inmigrantes más "civil".
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