Piden extradición por masacre en El Salvador

El Gobierno de EEUU volvió a pedir a un tribunal federal que apruebe la extradición del excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, reclamado por España por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, durante la guerra civil de El Salvador.

La petición judicial, a la que tuvo este martes acceso Efe, fue presentada la pasada semana por EEUU, que dice actuar en nombre del Gobierno de España, y adelanta algunos de los argumentos que presentará en la vista de extradición de Montano, programada para el próximo miércoles, 19 de agosto, a las 10 hora local (14.00 GMT).

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La vista de extradición, en principio fijada para el 7 de mayo, se retrasó hasta este jueves, 12 de agosto, y a finales de julio la jueza Kimberly A. Swank, del Tribunal Federal del Este de Carolina del Norte, encargado del caso, fijó la audiencia para el 19 de este mes.

En su escrito, la Fiscalía defiende que Montano, de 72 años, está directamente vinculado con los asesinatos la madrugada del 16 de noviembre de 1989 de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- además de la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

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El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco reclama desde 2011 a Montano y a otros militares salvadoreños por haber, presuntamente, orquestado los asesinatos perpetrados en la Universidad Centroamericana (UCA), de la que era rector Ellacuría, jesuita vasco e ideólogo de la Teología de la Liberación.

Los letrados de EEUU sostienen que, un día antes de la matanza, el acusado, que en ese momento era viceministro de Defensa Nacional, participó en una reunión donde uno de sus subordinados, el coronel René Emilio Ponce, ordenó perpetrar los asesinatos al coronel, Guillermo Alfredo Benavides.

"Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún testigo", ordenó presuntamente Ponce, en presencia de Montano, acusado en España de asesinatos terroristas y un crimen de lesa humanidad.

En su escrito, de 22 páginas, el Gobierno de Estados Unidos afirma que los tratados entre Washington y Madrid le permiten responder a la solicitud de extradición, algo que cuestiona la defensa del exmilitar.

Para demostrarlo, el juez Velasco envió al Gobierno de EEUU el certificado de nacionalidad de los cinco jesuitas asesinados de origen español: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno.

El magistrado también remitió un informe pericial de la Universidad de Standford, en el que se detalla el papel de Montano en la muerte de los jesuitas, y que se encargó de entregar a la corte el Ejecutivo estadounidense.

A la espera de una decisión sobre la extradición, Montano permanece de forma provisional en un penal de Carolina del Norte, donde ya cumplió 21 meses de cárcel tras ser condenado en 2013 por fraude y perjurio al mentir sobre su situación migratoria, supuestamente para evitar volver a El Salvador y ser juzgado por la matanza.

El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lo consideró un fraude de ley, concluyó que los hechos no habían sido correctamente investigados y reclamó en 2011 la extradición de los militares.

Pero esta no fue la primera vez que religiosos eran asesinados por el gobierno a raíz de sus posturas políticas.

El 24 de marzo de 1980, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero fue asesinado de un balazo por un matón a sueldo enviado por el gobierno, mientras oficiaba un misa en un centro de atención de enfermos regenteado por un grupo de monjas.

Romero era un ferviente defensor de los pobres y predicaba en pos del fin de la feroz represión que terminó dejando miles de muertos en el país durante la guerra civil, que en los años ochenta motivó la huida de cientos de miles de salvadoreños a Estados Unidos. 

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