PHOENIX — La gobernadora demócrata Katie Hobbs levantó el jueves su amenaza de veto general después de que republicanos y demócratas se unieran en torno a una legislación que financiaría una agencia estatal que presta servicios a algunos de los residentes más vulnerables de Arizona.
Tras un impasse que duró meses y que se acercaba a la fecha límite de principios de mayo, Hobbs anunció la semana pasada que vetaría todos los proyectos de ley que no estuvieran ya en su despacho, incluso las políticas que apoya, hasta que los legisladores de la Legislatura, controlada por los republicanos, lleguen a un acuerdo de financiación suplementaria para la División de Discapacidades del Desarrollo del estado.
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SUSCRÍBETE Esta división apoya a cerca de 60,000 personas con autismo, parálisis cerebral, epilepsia, síndrome de Down y otras discapacidades cognitivas e intelectuales.
Hobbs celebró el proyecto de ley de financiación, que firmó el jueves tras la aprobación de la Legislatura, y destacó políticas que promulga, como un límite de 40 horas en la cantidad de horas pagadas que los padres que cuidan a sus hijos con discapacidades pueden recibir semanalmente por hijo.
“Me enorgullece poner fin a los meses de confusión e incertidumbre que se impusieron a los arizonenses que dependen del programa DDD”, declaró.
Finalmente, no vetó automáticamente ninguna legislación; ni la Cámara de Representantes ni el Senado estatales enviaron proyectos de ley a la oficina del gobernador después de que ella anunciara la moratoria.
La frustración de los republicanos aumentó al enterarse de que Hobbs solicitaba unos $13 millones adicionales en fondos para la división, después de haber presentado ya su propuesta de presupuesto ejecutivo. Afirmaron que había administrado mal los fondos.
Los republicanos querían establecer límites al programa, y los demócratas querían debatirlos tras aprobar la financiación. El representante estatal republicano Matt Gress, quien patrocinó la enmienda al proyecto de ley que Hobbs firmó, se mostró satisfecho con el acuerdo.
“Me complace mucho que hayamos llegado a un acuerdo que protege esta vital red de seguridad y garantiza que no vuelva a ocurrir”, declaró Gress. “Lo más importante para mí es que no quiero ver familias en un limbo financiero debido a decisiones financieras tomadas unilateralmente por el ejecutivo”.
