PHOENIX — Los abogados de 25,000 personas encarceladas en Arizona pidieron a un juez que se haga cargo de las operaciones de atención médica en las prisiones estatales y nombre a un funcionario para que las dirija, argumentando que el estado no es capaz de reparar fallas profundas en la atención, a pesar de que se le ha exigido que lo haga durante la última década.
En una presentación el martes, los abogados dijeron que se necesita urgentemente una toma de control porque el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de Arizona carece del liderazgo para cumplir con los cambios ordenados por un juez en una demanda de 2012 sobre la calidad de la atención médica y de salud mental para los prisioneros.
La primera violación constitucional en el caso se encontró en 2015, dijeron, y "Una década después, los acusados todavía no han demostrado la voluntad, el conocimiento o la capacidad para reformar su sistema de atención médica en las prisiones".
Arizona resolvió el caso en 2014, pero durante años fue acosado por quejas de que no cumplió con sus promesas. El tribunal impuso al estado multas por desacato de $1.4 millones en 2018 y $1.1 millones en 2021. El acuerdo fue finalmente desestimado debido al incumplimiento de Arizona y se ordenó un juicio.
En un veredicto contundente de 2022, la jueza del Tribunal de Distrito de EEUU, Roslyn Silver, dictaminó que el estado estaba violando los derechos constitucionales de los presos al brindarles una atención inadecuada, conocía el problema desde hacía años y se negaba a corregirlo.
También dijo que las deficiencias en la atención médica en las prisiones dieron lugar a muertes evitables y emitió una orden judicial que exigía a las autoridades penitenciarias que corrigieran las violaciones constitucionales.
En septiembre de 2019, los abogados que representan a los presos hicieron una solicitud similar de toma de control, también conocida como administración judicial. Aunque Silver se ha negado anteriormente a concederla, más tarde dijo que reviviría esa posibilidad si el estado actúa de mala fe o no cumple con los cambios ordenados por el tribunal.
Los abogados de los presos señalaron un informe reciente de un experto designado por el tribunal que dijo que la atención médica para los presos "sigue siendo deficiente, ha mostrado poca mejora desde el inicio de la orden judicial y continúa colocando a los residentes en un riesgo significativo de sufrir daños graves, incluida la muerte".
El departamento de prisiones y la oficina de la gobernadora demócrata Katie Hobbs no respondieron de inmediato a los mensajes en busca de comentarios sobre la solicitud.
En el pasado se han ordenado administraciones judiciales para prisiones en otros estados. En California, en 2005, un juez federal tomó el control del sistema médico penitenciario después de encontrar que un promedio de un recluso por semana moría por negligencia médica o mala praxis.
La demanda de Arizona no cubre a las casi 10.000 personas encarceladas en prisiones privadas por condenas estatales.
