Robo de identidad: piden cambio en ley

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    ARIZONA - Defensores de los derechos de los inmigrantes exhortaron a un juez a suspender dos leyes de robo de identidad en Arizona que son la base legal para las redadas que realiza el jefe de la policía metropolitana de Phoenix en empresas, argumentando que la intención de la Legislatura al aprobar el decreto no era confrontar el robo de identidad, sino combatir la inmigración ilegal. Por su parte, los abogados del estado dijeron al juez federal de distrito David Campbell que el argumento sobre la intención de la Legislatura resulta irrelevante y explicaron que las leyes fueron aprobadas estrictamente para abordar el problema generalizado de robo de identidad dentro de las comunidades. Campbell está analizando los argumentos sobre si suspende la aplicación de ambas leyes que el jefe de policía del condado Maricopa, Joe Arpaio, ha usado para realizar redadas en negocios en las que cientos de trabajadores inmigrantes han sido acusados de usar identificaciones falsas o robadas para obtener puestos de trabajo. Annie Lai, una abogada que encabeza la impugnación a las dos leyes, citó los comentarios hechos por un legislador durante un debate sobre una de las leyes en el cual el legislador dijo que deseaba que la ley obligara a los inmigrantes a "autodeportarse".

    Lai agregó que debería impedirse que Arpaio y los fiscales apliquen las dos leyes mientras Campbell toma una decisión sobre las cuestiones más amplias del caso porque, dijo, las leyes estatales están en conflicto con las leyes federal de inmigración. Ann Thompson Uglietta, una abogada que representa a la máxima fiscalía del país, dijo que el propósito de la ley no era enfrentar la inmigración ilegal sino combatir el robo de identidad. Uglietta dijo que no existe conflicto entre las leyes federales y las estatales. Las leyes de 2007 y 2008 son versiones renovadas de los estatutos de Arizona contra robo de identidad que tipificaron como delito el uso de identificaciones falsas o robadas con el propósito de obtener o mantener un empleo. Formaban parte de un paquete legislativo que pretendía enfrentar a los empleadores que contratan a inmigrantes que están sin autorización legal en el país, a los que se culpa de alimentar los problemas fronterizos del país. La oficina de Arpaio ha realizado 83 allanamientos de negocios desde que la ley entró en vigor en 2008, dando lugar a la detención de más de 700 inmigrantes. Sólo un empleador ha sido instruido de cargos penales en esas investigaciones. Los abogados que han representado a los inmigrantes en los casos penales de robo de identidad han dicho que sus clientes utilizaron identidades falsas o robadas para obtener empleos, no para acumular deudas bajo el nombre de otra persona.

    Por lo general, los inmigrantes se declaran culpables de un delito grave, con frecuencia enfrentan la deportación y no pueden volver a entrar a Estados Unidos con permiso legal. Los partidarios de las leyes de robo de identidad dicen que aun así los inmigrantes que roban identidades para obtener puestos de trabajo están cometiendo un delito y que las víctimas podrían enfrentar dificultades como problemas para obtener préstamos.