Investigan cruel ejecución en Oklahoma

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    WASHINGTON - El estado de Oklahoma investigará las complicaciones registradas este martes en la ejecución de un preso que murió de un ataque cardíaco más de 40 minutos después de recibir la inyección letal y que ha reabierto un debate nacional sobre la pena de muerte.

    El de Clayton Lockett, de 38 años, fue el último de una serie de ajusticiamientos en los que la aplicación de la pena capital ha sido más prolongada y agónica para los presos de lo esperado, polémicos por el uso de nuevas inyecciones letales (las convencionales escasean) y por el secretismo con que los estados las compran.

    Lockett, condenado por el asesinato de una joven de 19 años en 1999, se retorció y jadeó cuando le fue administrada la inyección, que contenía una combinación de fármacos nunca usada en Oklahoma, aunque se había empleado en otros estados, antes de morir de un ataque al corazón.

    La gobernadora de Oklahoma, la republicana Mary Fallin, pidió hoy que se investigue lo sucedido y aplazó 14 días la otra ejecución prevista para este martes, la de Charles Warner, de 46 años.

    Video: Investigan cruel ejecución en Oklahoma

    Video: Investigan cruel ejecución en Oklahoma
    (Publicado lunes 18 de agosto de 2014)

    "He pedido al Departamento Correccional que lleve a cabo una investigación completa de los procedimientos de ejecuciones de Oklahoma para determinar qué pasó y por qué" durante el ajusticiamiento de Lockett, afirmó Fallin en un comunicado.

    La controversia que ha levantado esta ejecución se ha visto acrecentada por el interés que el caso había suscitado previamente.

    Hasta la semana pasada, los abogados de Lockett y Warner, quien se encuentra en el corredor de la muerte por la violación y asesinato de una niña de 11 meses en 1997, intentaron suspender sus ejecuciones.

    Tras conocer que otro reo de Oklahoma gritó que le "quemaba" todo el cuerpo durante su ejecución en enero, Lockett y Warner temieron que sus ajusticiamientos incumplieran el mandato constitucional que prohíbe los castigos crueles y pidieron información sobre la procedencia de los fármacos.

    Así, sus letrados pleitearon en busca de una cancelación y denunciaron el secretismo del estado sobre cómo obtenía los medicamentos de la inyección letal, que el Gobierno de Oklahoma justifica para defender a las farmacéuticas de las presiones de los activistas.

    Pero el Tribunal Supremo de Oklahoma estableció que la resolución de sus condenas a muerte había de seguir adelante.

    Se programó entonces el ajusticiamiento de ambos para este martes, en la que iba a ser la primera ejecución doble desde 2000 en Estados Unidos y, en el estado de Oklahoma, desde 1937.

    Aunque Warner no fue ejecutado, la forma en que murió Lockett, a quien le explotó una vena y siguió vivo entre jadeos y convulsiones más de 40 minutos después de recibir la inyección -cuando no suele durar más de cinco- , ha dado argumentos renovados a los oponentes de la pena capital.

    "Hay serias preocupaciones sobre la inyección letal a la luz de las cada vez más chapuceras ejecuciones llevadas a cabo con fármacos cuestionables de fuentes cuestionables", señaló el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles en Oklahoma, Brady Henderson, en declaraciones enviadas a Efe.

    La Coalición Nacional por la Abolición de la Pena de Muerte de EE.UU. lamentó en un comunicado que este caso "mina la confianza en el sistema judicial".

    "El Gobierno de Oklahoma sacrificó la transparencia y la responsabilidad pública por su propio interés y las consecuencias han sido grotescas y evitables", añadió.

    También la Casa Blanca se pronunció sobre esta ejecución y dijo que "no alcanzó" los estándares humanos.

    "Incluso cuando la pena de muerte está justificada, debe llevarse a cabo humanamente. Y pienso que todo el mundo reconocería que este caso no alcanzó ese estándar", señaló el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en su rueda de prensa diaria.

    La mayoría de los 32 estados donde está en vigor la pena capital en el país tiene problemas para conseguir los componentes con los que se fabricaban las inyecciones letales convencionales.

    Ante este escenario, algunos están probando fórmulas alternativas de inyecciones y otros se han planteado el uso obligatorio de la silla eléctrica en caso de que no se encuentren medicamentos para inyecciones letales.