Coalición apelará fallo de ley SB 1070

Coalición apelará fallo de ley SB 1070 en Phoenix Arizona

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    ARIZONA - Una coalición de grupos defensores de los derechos civiles apelará el fallo de una jueza que ratificó una de las últimas cláusulas en vigor de la polémica ley de inmigración de Arizona de 2010.

    La acción de la coalición, informada el lunes, se realizará debido a la decisión de la jueza federal de distrito Susan Bolton de desestimar una apelación de la coalición bajo el argumento que no demostró que la policía aplicaría la ley de forma distinta hacia los hispanos que hacia personas de otros grupos étnicos.

    El fallo ratificó la autoridad de la policía para preguntar el estatus migratorio de quienes se sospeche que se encuentran en el país sin autorización legal, al momento de hacer valer otras leyes.

    La cláusula fue ratificada previamente por la Corte Suprema de Estados Unidos, si bien quienes se oponen a la ley siguieron presionando en tribunales de primera instancia.

    El fallo de Bolton en septiembre representó una victoria para quienes apoyan la ley. Sin embargo, las cortes han derogado o bloqueado la ejecución de otras cláusulas, como el requisito de que los inmigrantes traigan consigo documentos de registro y la prohibición de que jornaleros obstruyan la vía pública en busca de trabajo.

    La frustración en Arizona con la vigilancia fronteriza por parte de la autoridad federal generó un movimiento desde hace una década en pos de que la policía local combatiera la inmigración no autorizada.

    Varias leyes, como la prohibición estatal sobre contrabando de inmigrantes, han sido revocadas desde entonces por las cortes.

    Siete impugnaciones presentadas después de que la entonces gobernadora Jan Brewer firmó la iniciativa para convertirla en ley, habían buscado revocarla por inconstitucionalidad.

    La demanda de la coalición de defensa de derechos civiles era la última impugnación jurídica restante a la ley.

    A fines del año pasado, una ciudadana mexicana presentó un tipo diferente de impugnación que argumentó violaciones constitucionales en la forma en que la policía aplicaba la ley. El condado Pinal acordó pagar 25,000 dólares en un arreglo en el caso de la mujer.

    Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, uno de los grupos que impugnó la ley, afirmó al gobernador Doug Ducey en su crítica al estatuto.

    "Él no puede decir por un lado que está tratando de designar a Arizona como un estado más acogedor e incluyente y por el otro continuar aplicando y defendiendo una de las leyes más discriminatorias del país", dijo Soler.

    Daniel Scarpinato, vocero de Ducey, afirmó que el gobernador tiene la tarea de asegurar que se cumplan las leyes.

    "La seguridad pública y la seguridad de la frontera son importantes, pero también podemos tener una relación respetuosa y productiva con nuestros vecinos del sur", agregó Scarpinato.

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