Javier Duarte, el exgobernador mexicano señalado por desviar millones de dólares para adquirir diversos bienes e inmuebles, permanecerá en una prisión guatemalteca mientras avanza un proceso de extradición a México.
Custodiado por más de 20 policías y ataviado con un chaleco antibalas, Duarte acudió el miércoles a una audiencia ante un tribunal y rechazó aceptar o negar la extradición a su país hasta que no revise la solicitud formal de las autoridades mexicanas, que tienen 60 días para presentarla.
"No puedo allanarme toda vez (que) no conozca la solicitud formal del gobierno mexicano. Con esto no quiere decir que no me vaya a allanar. Primero debo conocer la solicitud", dijo el mexicano ante el tribunal al referir que rechaza la extradición.
El tribunal determinó que mientras eso ocurre, el exgobernador del estado mexicano de Veracruz continuará en prisión en la capital guatemalteca.
Duarte fue detenido el fin de semana en Panajachel, un municipio guatemalteco cercano a la frontera con México. El mexicano permanecerá en una prisión civil de Matamoros, dentro de un cuartel militar.
El político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna actualmente el país, es visto como símbolo de la corrupción, aunque meses atrás negó cualquier irregularidad.
Durante la audiencia, la fiscalía guatemalteca leyó detalles de las acusaciones de las autoridades mexicanas contra Duarte, a quien se señala de haber utilizado empresas fantasma y testaferros para adquirir propiedades y bienes de manera ilícita.
México
"Mientras usted fue gobernador organizó un complejo esquema para introducir recursos al sistema financiero mexicano fingiendo que era producto de venta de terrenos en Campeche", le dijo el fiscal José Galdámez al acusado frente a los tres jueces que integran el tribunal.
El fiscal agregó que Duarte compró al menos nueve terrenos por unos 20 millones de pesos (casi un millón de dólares) a través de un testaferro con fondos supuestamente ilícitos.
Junto a tres abogados defensores, Duarte escuchó los señalamientos sin pronunciarse.
Tras una hora de audiencia y el rechazo del mexicano a ser extraditado, el juez recordó que la ley guatemalteca concede al gobierno mexicano 60 días hábiles para presentar la solicitud formal y las evidencias de sus vínculos de corrupción para la extradición. De lo contrario, todo quedaría sin efecto y Duarte podría recobrar la libertad.
Duarte salió del tribunal sin hacer ningún comentario.
